En el contexto social actual, es frecuente que sucesos políticos anómalos sean justificados por el gobierno o los medios de comunicación con argumentos insólitos, eufemismos o con simples manipulaciones del lenguaje. En ocasiones, se crea una ley ad hoc, es decir, una norma diseñada con un propósito específico y puntual, en lugar de ser parte de un plan preexistente. Se trata de una ley improvisada para resolver un problema particular, no necesariamente para abordar cuestiones más amplias o generales.
Estas perversiones esquivan las leyes que nos hemos dado. Son acciones deshonrosas que atentan contra el espíritu de la sociedad y contra la inteligencia. Somos testigos de la alarmante normalización de leyes indeseables que socavan los principios morales, éticos y estéticos.
El término «ley natural» tiene dos significados principales en español. Por un lado, se refiere a un principio universal que, a través de la razón, nos permite comprender un conjunto de valores inherentes a la naturaleza humana. Es una idea filosófica que sostiene que los derechos humanos se fundamentan en la propia naturaleza. Por otro lado, la ley natural es un concepto jurídico estrechamente vinculado al derecho, una corriente que defiende la existencia de derechos fundamentales no creados por el hombre, sino por la naturaleza misma. Estos derechos universales son anteriores a cualquier ley humana y abarcan la defensa de la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad.
Estos derechos, basados en la naturaleza humana y la razón, constituyen la base de las leyes creadas por los seres humanos, las cuales deben ser coherentes con ellos para ser justas. La ley natural, por tanto, debe ser vista como una fuente esencial de principios éticos.
Las normas de las sociedades occidentales son de origen humano, pero se fundamentan en la ley natural, lo que permite diferenciar el derecho natural, el derecho de gentes y el derecho positivo. Estos principios sirvieron de base para que la Declaración de los Derechos Humanos agrupase un conjunto de ellos, como el derecho a la existencia, a la conciencia, a la religión, al bien común, a la propiedad, a la libertad de prensa, a la libertad de enseñanza y a la libertad de expresión, entre otros.
No podemos aceptar a dirigentes que legislan movidos por el fanatismo o el ego, creando leyes irregulares e irrisorias que no favorecen el bien común ni a la moral ni al derecho natural. Unas normas que solo benefician a unos pocos, en ocasiones a menos del 2% de la población. Son leyes redactadas por personas con una instrucción deficiente, con un conocimiento limitado sobre el tema que legislan. Les falta educación formal, escolar o universitaria, o carecen de conocimientos prácticos y sentido común. También estas leyes alabadas por medios de comunicación que las valoran únicamente por los beneficios económicos que obtienen.
Es triste que, por nuevas reglas muy diferentes a lo que el país requiere, olvidemos las leyes naturales que nos han gobernado por generaciones. Se promulgan leyes desfavorables para poder vender a España por un precio ridículo. Es simplemente inadmisible.
Juan Pisuerga.
