LAS PRIMERAS CORTES EUROPEAS. León o San Esteban de Gormaz 39

En el año 2013, la UNESCO reconoció a las Cortes de León de 1188 como «el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo» y a León como la «cuna del parlamentarismo». No obstante, algunos historiadores españoles sostienen que fue en San Esteban de Gormaz donde nacieron las primeras cortes.
Antes de estos hechos, una serie de acontecimientos políticos y sociales llevaron a las convocatorias reales.
En la esfera política, Alfonso VII fue proclamado rey de León y Castilla en 1126, tras la muerte de su madre, la reina Urraca I. Desde ese momento, procuró asegurar su trono uniendo los territorios cristianos mediante alianzas matrimoniales. Reunió en su persona los reinos de León, Castilla, Toledo y Galicia, y recuperó la tradición leonesa de mantener una supremacía dinástica sobre los reinos cristianos y musulmanes de la península. De hecho, fue reconocido como señor por los reyes de Navarra y Aragón, por varias taifas islámicas y por el condado de Barcelona. Se proclamó «Emperador de Hispania» en 1135.
El rey contrajo matrimonio en Saldaña con Berenguela en 1128, hija del poderoso conde de Barcelona, Ramón Berenguer III. De esta unión nacieron: Sancho III, que sucedió a su padre en el trono de Castilla. Fernando II, que reinó en León. Constanza, casada con Luis VII de Francia. Sancha, que se unió en matrimonio a Sancho VI de Navarra, y los infantes Ramón, García y Alfonso, fallecidos en la niñez o juventud.
Para evitar disputas sucesorias, el Emperador dividió el reino entre sus dos primeros hijos, una decisión que tuvo un fuerte impacto político: Sancho III heredó los reinos de Castilla y Toledo, y Fernando II recibió León y Galicia.
La separación de Castilla y León duró varias décadas y dio paso a nuevos conflictos entre los reinos peninsulares, pese a que Sancho y Fernando firmaron en Sahagún un tratado de no agresión y ayuda mutua.
Sancho III accedió al trono castellano en un contexto de tensiones latentes entre los reinos cristianos y por el avance de los almohades en al-Ándalus. Ante el empuje musulmán y la retirada de los templarios del Castillo de Calatrava, confió la defensa de esa plaza a un grupo de monjes cistercienses, liderados por el abad Raimundo de Fitero y el monje Diego Velázquez. Esta decisión fue crucial, pues supuso el nacimiento de la primera orden militar hispánica: la Orden de Calatrava.
Sancho estaba casado con Blanca Garcés de Pamplona, hija del rey de Navarra, y de este matrimonio nació el futuro Alfonso VIII. El rey falleció muy joven. Su muerte tuvo graves consecuencias al dejar como heredero a un niño de tres años, lo que desencadenó luchas internas por el poder entre las casas nobiliarias de Lara y Castro.
Fernando II de León intentó reafirmar la supremacía de León sobre el resto de los reinos peninsulares. A raíz de la muerte de su hermano y durante la minoría de edad de su sobrino, ocupó algunas plazas y territorios castellanos. Consiguió importantes victorias contra los almohades y fundó la Orden de Santiago en 1170 para proteger a los peregrinos del Camino y luchar contra los musulmanes.
Fernando II convocó la Curia Regia en León en 1157 por la necesidad de obtener fondos para el reino. La Curia era una institución del reino que funcionaba como una asamblea consultiva, formada por los principales nobles, obispos y los abades más notables del reino. Fernando murió en Benavente en 1188. Le sucedió su hijo, Alfonso IX de León, fruto de su primer matrimonio con Urraca de Portugal.
El reinado de Alfonso VIII también estuvo marcado por las tensiones internas entre la nobleza y la monarquía, por los conflictos territoriales con León por los territorios entre el Cea y el Pisuerga y por la penetración de los almohades en el sur. Convocó la Curia Regia de Castilla, que, al igual que la leonesa, era una asamblea consultiva compuesta por grandes nobles y altos dignatarios eclesiásticos. La contribución de Alfonso VIII, con el reconocimiento como cruzada por el papa Inocencio III en la Batalla de las Navas de Tolosa de 1212, fue crucial para los reinos peninsulares y europeos.
En la esfera social, la principal fuente económica de los reinos cristianos era la agricultura. La ganadería trashumante y la expansión del comercio iban en aumento. La mayor parte de la población, alrededor del 90%, vivía en el campo como agricultores libres o campesinos ligados a la tierra de los señoríos.
La sociedad cristiana estaba dividida entre la nobleza, que poseía las tierras de cultivo y se dedicaba a la guerra. El clero, que gozaba de privilegios y posesiones territoriales, y los campesinos y habitantes de las villas y ciudades. En estas había pobladores judíos, que se agrupaban en las juderías, y mudéjares, que se congregaban en los arrabales o suburbios, aunque los alarifes, maestros de obras, eran considerados como gente principal.
La vida urbana se iba modificando. El comercio y la artesanía se estaban desarrollando, impulsados por la agricultura, pilar fundamental de la economía. Una incipiente burguesía empezaba a aparecer, formada por mercaderes, banqueros y maestros artesanos, amparados por el tributo del portazgo de las ciudades, que se iban amurallando. La población urbana crecía y se establecía intramuros, en las proximidades de las plazas de mercado o cerca de catedrales y parroquias. Las ciudades situadas en las grandes rutas de viajeros se convertían en centros comerciales. En esos años, en Castilla y en León, se utilizaba la moneda de oro, aunque también se empleaba el intercambio de productos según una unidad de medida antigua conocida como «el modio de trigo o de ovejas».
Con el aumento de la población surgieron los conflictos sociales, y con el renacer del Derecho Romano y la consecuente tecnificación de los procedimientos judiciales, aparecieron los primeros procuradores, llamados «personeros» porque sustituían en los juicios a la persona que representaban cuando esta no podía comparecer por viajes, guerra u otros asuntos. Más tarde, surgieron los procuradores con función política. Eran elegidos por los concejos como representantes de las ciudades y villas para informar de las decisiones de las asambleas convocadas por el rey.
Tanto Castilla como León necesitaban fondos llamados «servicios» o «pedidos» para la conquista de nuevos territorios y para los gastos de la Corona. Para obtener estos recursos, el rey necesitaba el consentimiento de los representados. Los procuradores no intervenían en la gestión de los tributos ordinarios; su poder residía en la aprobación de los impuestos extraordinarios. Su importancia aumentaba a medida que los concejos urbanos crecían. Se convirtieron en un instrumento político para plantear peticiones al rey sobre los impuestos, la justicia, la protección de los fueros en nombre de sus ciudades.
Alfonso IX de León fue rey de León y Galicia desde la muerte de su padre, en 1188, hasta su propio fallecimiento. Su reinado fue crucial para la historia de León y para el desarrollo político de Europa. Cuando llegó al poder, el reino se encontraba en situación de bancarrota, empobrecido por el despilfarro en los últimos años del reinado de Fernando II. Alfonso necesitaba el apoyo social de la nobleza, del clero y de los representantes de las ciudades para obtener recursos económicos.
Con la participación de los procuradores de las ciudades y villas en las Curias, se buscaba vincular la financiación de la monarquía y garantizar la estabilidad del reino. No obstante, era preciso un ordenamiento jurídico para mantener la justicia y asegurar la paz del reino, que estaba en una situación de desorden social y amenazado por los reinos de Castilla y Portugal y por los almohades.
Alfonso IX convocó una asamblea en la Colegiata de San Isidoro de León. La convocatoria fue extraordinaria porque, a diferencia de la tradicional Curia, se incluyó por primera vez a representantes de las ciudades como miembros decisorios, haciendo de esta asamblea el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. La reunión no fue en la iglesia de San Isidoro, sino en el palacio real anexo a la colegiata, dentro del mismo recinto monumental. Los acuerdos se conocen por los «Decreta de León». Se aprobó: El principio de legalidad: ningún hombre libre podía ser despojado de sus bienes o castigado sin juicio previo. La obligatoriedad de que el rey consultara a las Cortes para establecer impuestos o declarar la guerra. La garantía de la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad. El reconocimiento del derecho a la libertad y seguridad individual. El establecimiento de mecanismos para limitar el abuso de poder de nobles y funcionarios.

Algunos historiadores discuten esta primacía y señalan que fueron las de Castilla, un año antes, las pioneras. Alfonso VIII convocó la Curia Regia de Castilla, compuesta por la alta nobleza y el clero, e incluyó a cincuenta procuradores de las ciudades y villas más importantes del reino. Esta asamblea fue convocada por un trascendental asunto dinástico: Alfonso VIII necesitaba formalizar el compromiso matrimonial de su hija mayor y heredera, la infanta Berenguela, con Conrado de Hohenstaufen, hijo del emperador alemán Federico I Barbarroja.

El hecho de que un príncipe germánico pudiera heredar el trono de Castilla, si Alfonso fallecía sin descendencia masculina, era una cuestión de tal envergadura que el rey consideró indispensable buscar una base de legitimidad más amplia que la simple aprobación de sus magnates y del clero. De esta manera, la reunión de 1187 simbolizó el comienzo de la participación del Tercer Estado en la gobernanza, sentando un precedente fundamental para la fiscalidad y la legislación futura del reino castellano.

Este acto, aunque forzado por una necesidad política, es reconocido por muchos historiadores como el nacimiento de las Cortes de Castilla, la institución parlamentaria más antigua de Europa. En este contexto, la villa de San Esteban de Gormaz fue testigo de un acontecimiento que trascendió la crónica política para convertirse en un hito de la historia institucional europea: la convocatoria de Cortes en mayo de 1187.

Estos sucesos de Castilla y León tuvieron un eco europeo. Así en Inglaterra, en el año 1215, los nobles obligaron al rey Juan Sin Tierra a aceptar ciertas limitaciones a su poder, plasmadas en la Carta Magna. Poco después, surgió el Parlamento, donde se sentaron las bases de un modelo representativo duradero.

Jaime I el Conquistador estableció las primeras Cortes en la Corona de Aragón en 1214, aunque hay historiadores que las sitúan en 1218.

En el Reino de Navarra, las primeras Cortes se establecieron durante el reinado de Teobaldo I hacia el año 1234.

A comienzos del siglo XIV, Felipe IV de Francia convocó en 1302 a los Estados Generales, un organismo semejante a las cortes que integraba a nobles, clérigos y representantes de las ciudades, si bien su papel fue más consultivo que decisorio.

Juan Pisuerga